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COP31 y cambio climático: del compromiso a la exigibilidad
El cambio climático ya es parte de nuestra realidad
En Chile no es necesario revisar proyecciones para comprender las consecuencias del cambio climático. Las lluvias torrenciales, los aluviones y otros eventos extremos asociados al fenómeno de El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés) han puesto en evidencia los impactos que el cambio climático puede intensificar: comunidades aisladas, infraestructura dañada y familias damnificadas.
En este escenario, la multiplicidad de actores involucrados y la coordinación entre ellos son elementos clave para alcanzar soluciones efectivas y eficientes, que permitan avanzar en las metas de mitigación y adaptación.
Por ello, no podemos permanecer ajenos a las negociaciones y decisiones que se adoptan en la COP31, que se celebra en Antalya. Mientras la conferencia sesiona, conviene preguntarnos qué se decide allí y cómo nos afecta en la práctica.
El problema ya no es la falta de normas
Los compromisos climáticos vigentes nos encaminan hacia un calentamiento muy lejano de la meta de 1,5 °C establecida en el Acuerdo de París. Desde una perspectiva jurídica, el problema ya no es la ausencia de normas, sino el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos y su exigibilidad.
Lo que está sobre la mesa en la COP31
- Financiamiento climático. Se busca poner en marcha el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado acordado en Bakú, orientado a movilizar mayores recursos hacia los países en desarrollo.
- Segunda ronda de NDC. La calidad y la ambición de las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional definirán la credibilidad del régimen climático. En Chile, la Ley Marco de Cambio Climático consagra la NDC y sus actualizaciones como un deber legal interno.
- Artículo 6 del Acuerdo de París. Los mercados de carbono y los enfoques no mercantiles requieren reglas claras de contabilidad, autorización y ajustes correspondientes para evitar la doble contabilidad. Chile atraviesa un momento clave en el desarrollo de su mercado de carbono, y resulta necesario definir los aspectos que permitan su éxito como mecanismo de mitigación.
- Adaptación y pérdidas y daños (Loss & Damage). El desarrollo de instrumentos y fondos en esta materia interpela directamente a países altamente expuestos, como Chile.
- Justicia climática. Se exige una participación más efectiva de las comunidades vulnerables y de los pueblos indígenas.
Las tensiones que pueden bloquear los acuerdos
Los países en desarrollo plantean que el financiamiento provenga principalmente de fondos públicos de los países desarrollados. Estos, a su vez, buscan incorporar a China y a los países del Golfo como contribuyentes. Esta divergencia refleja parte de los conflictos recurrentes en el marco de la COP.
A ello se suman la fragmentación geopolítica y el proteccionismo, que debilitan el consenso multilateral. Además, muchos Estados ni siquiera están cumpliendo sus NDC actuales, de modo que las metas originalmente comprometidas, o la ambición proyectada, no han generado los avances esperados.
Superar estos obstáculos requiere voluntad política, pero también innovación jurídica e institucional. Para ello es indispensable la coordinación de los diversos actores, de manera que se permita el adecuado desarrollo de los distintos instrumentos.
Empresas: del compromiso voluntario a la obligación legal
El sector privado dejó de ser espectador. Múltiples iniciativas buscan alinear la acción corporativa con la ciencia. Hoy, un compromiso net zero sin un plan de transición verificable no constituye solo un riesgo reputacional: cada vez más, es un riesgo legal, particularmente a la luz de los alcances del greenwashing.
Al mismo tiempo, las taxonomías verdes, los estándares ISSB (NIIF S1 y S2 / IFRS S1 y S2) y las normas de debida diligencia climática están transformando lo voluntario en exigible. En Chile, los requisitos de reporte ESG de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya se encuentran en proceso de implementación y establecerán la línea base para los futuros reportes de las entidades obligadas. Para quienes trabajamos en estas materias, la COP31 es un indicador de lo que se exigirá a las empresas en los próximos años.
El derecho como herramienta de transformación
Desde el derecho ambiental, y considerando que en la práctica la variable climática se extenderá como un fenómeno sociocultural, nos encontramos ante una etapa de desarrollo de obligaciones concretas, de instituciones que deben funcionar y de mecanismos de control eficaces para lograr una incidencia real.
Esto abarca los instrumentos de gestión del cambio climático, la evaluación ambiental con enfoque climático, la contratación pública sostenible y la responsabilidad corporativa.
Los aluviones nos recuerdan que la adaptación también se diseña en las normas. Por acotado que sea nuestro aporte a las emisiones globales, el cambio climático ya forma parte de nuestra realidad, y es necesario actuar. El derecho no solo debe ordenar compromisos: debe hacerlos cumplir y convertirlos en transformaciones concretas. Ese es el desafío que, como estudio, asumimos junto a nuestros clientes.
Andrés LihnCoordinador de Proyectos, VGC Abogados

