La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales cambia el juego: preparar bien el permiso antes de presentarlo
Con cerca de 40 reglamentos todavía en elaboración, la ley entra en su fase decisiva. En un nuevo encuentro del ciclo Entre Códigos, organizado por Diario Financiero y VGC Abogados, el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), Pablo Eguiguren; el gerente de Estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel; y el socio de VGC Abogados Winston Alburquenque revisaron avances y pendientes del nuevo sistema de permisos.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales cumple su primer año con casi 40 reglamentos en elaboración, un decreto de clasificación de permisos en Contraloría y otro con fuerza de ley ingresado el 29 de septiembre. Su efecto más profundo, sin embargo, no está en los plazos, sino en quién responde por que un permiso esté bien planteado al ser presentado. Así quedó planteado en el encuentro, que reunió a más de 70 personas en un salón del hotel Hyatt Centric: ejecutivos de empresas mineras, del sector energía y de otras industrias, personeros de gobierno y abogados.
El socio de VGC Abogados, Winston Alburquenque, dimensionó la tarea: la ley crea una estructura orgánica en el Estado, obliga a clasificar 382 permisos en cinco categorías y arrastra reformas que van desde el Código Penal al Código Sanitario, el Código de Aguas y la ley de planes de cierre. «Implementar este monstruo, por su enormidad, va a costar», resumió, y recordó que se han retirado de Contraloría varios reglamentos para revisión. Los plazos máximos y el silencio administrativo, corazón del nuevo procedimiento, entrarían en vigencia durante 2027.
El jefe de la OASI, Pablo Eguiguren, puso el contexto económico: entre 2000 y 2013 la inversión en Chile creció cerca de 10% anual y en la última década apenas superó el 1%. Un estudio de impacto ambiental que en 2010 demoraba un año hoy toma tres, y en el indicador de la OCDE sobre lo engorroso que resulta tramitar permisos, Chile aparece entre los países más complejos.
La contracara, dijo, es una cartera inédita: “en los doce meses previos a agosto de 2026 el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aprobó más de US$ 60.000 millones, cerca del triple del promedio de la década”.
Para Winston Alburquenque, las nuevas herramientas —plazos y silencio administrativo, técnicas habilitantes alternativas, invariabilidad regulatoria, expertos externos registrados y calificación de inversión estratégica— comparten un efecto: trasladan la responsabilidad al titular del proyecto. Desaparece la costumbre de ingresar un expediente incompleto y corregirlo sobre la marcha, y el peso regulatorio se desplaza a la fiscalización posterior por parte de la autoridad. Si una declaración jurada es falsa o estructuralmente incompleta, advirtió, hay responsabilidad penal: por eso la ley reformó el Código Penal y estableció nuevos tipos penales.
El gerente de Estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, bajó expectativas: a un año, la evidencia es anecdótica y mixta, con servicios más ágiles y regiones que aplican criterios distintos. Desde las consultas públicas levantó reparos concretos: reglamentos que exigirían declarar el cumplimiento de «toda la normativa aplicable» y servicios que siguen pidiendo la RCA aprobada pese a que la ley acota los requisitos.
Winston Alburquenque sumó dos vacíos. El primero, la etapa recursiva: qué ocurre cuando terceros impugnan un permiso ya otorgado. El segundo, un efecto no previsto de la plataforma SUPER, que da trazabilidad al titular pero expone permisos sectoriales que antes se tramitaban de forma bilateral con la autoridad y sin publicidad. «Es como en el restaurante, una cocina abierta a la vista», graficó, con el riesgo de abrir espacio a nuevas impugnaciones.
Pablo Eguiguren cerró con tres razones de optimismo, entre ellas un mandato institucional transversal y el avance de la inteligencia artificial. Winston Alburquenque sumó una cuarta, subjetiva: el ánimo. Un cambio cultural, dijo, que comprometa al funcionario y al titular a hacer bien la tarea desde el principio, sin bajar los estándares de protección ambiental ni de seguridad de las personas.
